¿Alguna vez ha intentado mantener la posición de “plancha” por más de un minuto? Este ejercicio, más allá de ser un reto de resistencia, puede entregar información valiosa sobre la fuerza de la zona media y la composición corporal.
Así lo demostró el Proyecto ADULT-FIT, investigación internacional publicada en la revista Applied Sciences y liderada por universidades españolas, con la participación de Chile a través del Dr. Maximiliano Torres, académico de la Facultad de Salud y Ciencias Sociales y codirector del Núcleo de Investigación en Salud, Actividad Física y Deporte (Isafyd) de UDLA Sede Viña del Mar.
“La validez y fiabilidad de la prueba de plancha frontal (Front Plank Test – FPT) se ha estudiado en adultos jóvenes, pero no en personas de 34 a 60 años. Nuestro objetivo fue analizar si esta prueba era eficaz y confiable para evaluar la musculatura del tronco en adultos según sexo y grupo de edad”, explicó el académico.
Para el análisis, 84 personas de entre 18 y 62 años realizaron la prueba de plancha frontal junto a otras mediciones de fuerza muscular del tronco. Los resultados mostraron diferencias significativas en la activación de los músculos recto abdominal y oblicuo externo, en comparación con los extensores de la espalda. También se observaron correlaciones con la cantidad de grasa corporal, especialmente en la zona abdominal, independientemente del sexo y la edad.
“El estudio confirmó que el Front Plank Test es una herramienta confiable y válida para evaluar la fuerza muscular del tronco en adultos de 18 a 62 años, sin importar el sexo o la edad. El tronco es el puente entre las extremidades superiores e inferiores. Si está débil, todo el sistema de movimiento se desorganiza. Evaluarlo nos ayuda a anticipar problemas de espalda baja, desequilibrios posturales o bajo rendimiento físico”, destacó el investigador.
Otra de las conclusiones fue que la prueba de plancha frontal es sencilla y accesible, ya que no requiere equipamiento especializado. Basta con una colchoneta, un cronómetro y un espacio reducido para aplicarla. Asimismo, se demostró que las personas con mayor porcentaje de grasa abdominal tienden a resistir menos tiempo en la postura.
“Este estudio refuerza que los test físicos simples y sin equipamiento costoso pueden usarse para evaluar salud funcional, especialmente en adultos que no siempre acceden a evaluaciones especializadas. La idea es facilitar la evaluación del movimiento humano. Que cualquier persona, en su casa o en un centro comunitario, pueda saber cómo está su zona media y tomar acciones concretas”, dijo el Dr. Torres.
El académico agregó que no es necesario realizar este ejercicio de manera diaria, pero sí es una muy buena opción para monitorear el progreso de fuerza del tronco a lo largo del tiempo. “Con solo hacerla una vez al mes, se puede notar si el entrenamiento que se ha estado realizando ha generado mejoras y/o detectar si algo debes modificar”, mencionó.
Asimismo, recomendó integrarla como parte de una rutina de entrenamiento, mencionando que “la plancha es excelente. Solo se debe asegurar mantener una buena técnica, cuerpo alineado, sin hundir la cadera y sin forzar el cuello. Si duele la espalda, hay que detenerse, porque puede ser signo de fatiga muscular o mala postura. Para quienes deseen intentarlo, la indicación es colocar los codos y pies en el suelo, mantener el cuerpo recto como tabla y cronometrar cuánto tiempo se logra resistir. La sugerencia es repetir la prueba semanas después y compararse consigo mismo, observando los cambios en fuerza y resistencia”.
La académica investigadora de la Facultad de Derecho de UDLA Sede Viña del Mar, Dra. María Lorena Rossel, publicó en la European Public & Social Innovation Review el artículo titulado “Género, migración y violencia: la trata de niñas en el siglo XXI desde los estándares internacionales y la situación en Chile”.
El estudio analizó la relación entre migración, pobreza, segregación y trata infantil en nuestro país, evaluando el cumplimiento del Estado con los estándares internacionales. Junto con ello, buscó identificar factores socioeconómicos que aumentan la vulnerabilidad, evaluar la respuesta jurídica e institucional y proponer lineamientos para políticas públicas con enfoque de género y derechos humanos.
A través de una metodología jurídico-dogmática, combinada con una revisión interdisciplinaria de literatura, informes institucionales y estudios empíricos recientes, la investigación identificó factores sociales que incrementan la vulnerabilidad de niñas migrantes, en especial aquellas que se encuentran en situación irregular y sin acompañamiento.
Entre los hallazgos del estudio, se identificaron patrones como “la captación mediante engaños con promesas de empleo o cuidado; la explotación sexual como como principal finalidad del delito; la hipersexualización y racialización de niñas afrodescendientes y haitianas, junto con la ubicación en barrios segregados y vulnerables, donde las redes criminales operan con mayor impunidad; y la falta de identificación oportuna por parte de funcionarios, lo que impide activar protocolos de protección”, explicó Rossel.
Según cifras citadas en el artículo, entre 2011 y 2022 el 74,5 % de las investigaciones por trata en Chile correspondieron a mujeres, y más del 16 % de las víctimas eran menores de edad. Además, un 21 % de los hogares migrantes vive en hacinamiento, frente a un 6,7 % en el caso de hogares nacionales.
“La trata de niñas migrantes constituye una de las formas más graves de violencia estructural en el siglo XXI. La migración forzada, la pobreza y la exclusión urbana crean entornos altamente vulnerables para niñas desplazadas, y Chile, como país receptor, no está ajeno a esta realidad”, sostuvo la Dra. Rossel, quien explicó que el análisis crítico del ordenamiento jurídico nacional consideró la Ley 20.507 sobre trata de personas y la Ley 21.325 sobre migración, contrastándolas con los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y los marcos normativos de Naciones Unidas y la Unión Europea.
Pese a contar con legislación formalmente adecuada, el estudio evidenció “brechas significativas en la implementación de políticas públicas con enfoque de género e infancia, especialmente en lo que respecta a niñas migrantes en situación irregular”, afirmó la académica, quien señaló que el diseño normativo y la práctica institucional siguen caminos disociados.
“Chile enfrenta una situación crítica. Aunque ha ratificado tratados internacionales y cuenta con legislación específica, la implementación es insuficiente y desarticulada, especialmente respecto de niñas migrantes en situación irregular. En comparación con otros países de la región, se muestra un déficit en la protección efectiva, una baja tasa de reconocimiento de solicitudes de refugio y una respuesta institucional que tiende a priorizar la seguridad fronteriza por sobre los derechos humanos”, comentó la académica, quien también mencionó la falta de coordinación, protocolos diferenciados y recursos especializados en la materia.
Como propuesta, la Dra. Rossel recomendó “implementar protocolos de identificación temprana con enfoque de niñez y género; fortalecer la formación de agentes estatales en derechos humanos y trata de personas; garantizar la regularización migratoria expedita para niñas y adolescentes; y promover políticas territoriales inclusivas que reduzcan la segregación y mejoren las condiciones de vida en zonas vulnerables”, entre otros.
En cuanto al rol de la ciudadanía, subrayó que “puede contribuir mediante campañas educativas, acompañamiento legal y redes comunitarias que permitan detectar tempranamente situaciones de trata y apoyar a las víctimas”.
El artículo completo está disponible en: https://doi.org/10.31637/epsir-2025-2050
El comportamiento ético profesional no se forma únicamente desde el aprendizaje de lo correcto e incorrecto. Así lo plantea Jorge Vergara, académico e investigador de la Carrera de Psicología de Universidad de Las Américas Sede Concepción, sociólogo de la Universidad de La Frontera, Magíster en Investigación Social y Desarrollo, y Doctor en Psicología por la Universidad de Concepción, quien desarrolló un programa de intervención orientado a promover la toma de decisiones éticas desde un enfoque integral, que considera tanto los procesos cognitivos como afectivos involucrados, en el marco del proyecto Fondecyt de iniciación N°11220332, dirigido a estudiantes de Psicología.
A partir de un diagnóstico crítico sobre la enseñanza de la ética en la educación superior, que tradicionalmente se ha centrado en la transmisión de valores desde una perspectiva meramente cognitiva, la investigación “Programa de intervención para el desarrollo ético profesional de estudiantes universitarios: una aproximación desde la neuroética”, propone un cambio de paradigma. “La mayoría de las experiencias educativas dejan fuera la influencia que ejercen los procesos afectivos en la construcción del juicio ético”, señala el académico.
El programa se diseñó considerando que habilidades como la regulación de impulsos o la planificación pueden facilitar una conducta ética al evitar reacciones inmediatas y promover decisiones reflexivas. Del mismo modo, los sentimientos positivos, como la empatía o solidaridad, favorecen respuestas más altruistas y orientadas al bien común.
Un enfoque por niveles
Tras validar un modelo que relaciona variables afectivas y cognitivas con el comportamiento ético, se estructuró el programa de intervención en tres niveles: uno comprensivo, que aborda el razonamiento e intuición moral; otro metacognitivo, centrado en funciones ejecutivas; y un tercer nivel orientado a la autorregulación mediante la activación de afectos positivos y negativos durante la toma de decisiones éticas.
La implementación se llevó a cabo en universidades del norte y sur del país, con la participación de alrededor de 200 estudiantes mayoritariamente de la carrera de Psicología. Los resultados fueron significativos: los estudiantes de tercer y quinto año mostraron una mayor disposición hacia la ética del trabajo, lo que indica que los niveles intermedios y finales de formación son el contexto más adecuado para aplicar este tipo de programas.
La primera etapa de esta investigación, desarrollada en colaboración con académicos de las universidades de Antofagasta y Católica del Maule, fue publicada en la revista de acceso abierto Journal of Intelligence (https://www.mdpi.com/2079-3200/13/2/20)
Innovación digital al servicio de la ética
Un elemento distintivo del estudio es su carácter multidisciplinario. Para acercar a los estudiantes a situaciones éticas reales, se desarrollaron animaciones digitales a partir de dilemas profesionales obtenidos mediante grupos focales. En estas sesiones, los participantes compartieron experiencias personales o de compañeros relacionados con conflictos éticos vividos durante su formación.
A partir de estos relatos, se construyeron guiones que fueron llevados al formato audiovisual mediante técnicas de animación digital. Estos materiales, luego, se integraron al programa de intervención, que contempló cuatro sesiones en total, al final de las cuales los estudiantes visualizaron un dilema ético animado.
“El uso de realidad aumentada permite simular de manera más realista los conflictos éticos, facilitando que los estudiantes experimenten estos escenarios y desarrollen respuestas más conscientes y autónomas”, explica Vergara.
Además, el académico destaca que este enfoque permite trabajar una dificultad común en la formación profesional: la toma de decisiones. “Es algo que hemos observado con distintos colegas: enfrentar decisiones frente a conflictos éticos les genera mucha incomodidad a los estudiantes. Entonces la idea es someterlos a estas experiencias, para que vayan anticipando lo que van a vivir en su ejercicio profesional”.
Un aporte transformador
Vergara, explica que más que establecer normas sobre lo que se debe o no hacer, la propuesta formativa busca fortalecer la autonomía ética de los estudiantes, entregándoles herramientas para enfrentar con responsabilidad y criterio los desafíos propios de su profesión.
La investigación no solo aporta al desarrollo ético profesional, sino que también representa una innovación didáctica relevante, al integrar tecnologías emergentes para favorecer aprendizajes significativos en contextos complejos.
Proyección internacional y nuevos desafíos
Como parte de la internacionalización del proyecto, Jorge Vergara realizó una pasantía académica en la Universidad de los Andes, en Colombia, donde presentó los resultados de esta investigación a estudiantes de Psicología. La experiencia permitió constatar que los dilemas éticos diseñados funcionan también en el contexto colombiano, lo que ha abierto oportunidades para la transferencia tecnológica del programa.
Además, se acordó el desarrollo conjunto de una nueva línea de investigación centrada en el uso de realidad virtual para analizar las respuestas fisiológicas de los estudiantes ante la resolución de dilemas éticos, proyecto que se llevará a cabo en instituciones de Educación Superior de Chile y Colombia.
Adolescentes en contextos de vulnerabilidad pueden tener hasta casi cincuenta veces más riesgo de ser víctimas de acoso virtual con fines sexuales por parte de personas adultas. Así lo reveló un estudio elaborado por investigadores chilenos, en el que participó la académica de la Facultad de Salud y Ciencias Sociales de Universidad de Las Américas, María Mercedes Yeomans.
Publicado por la revista Adolescents, el reporte «Factores de Riesgo de Grooming en Adolescentes con Historias de Abuso”, consideró una muestra de 50 individuos de entre 12 y 17 años (un 88% de ellas mujeres) integrantes del Programa Reparativo por Abuso (PRM), instancia que busca contribuir al proceso terapéutico de víctimas de abuso físico o psicológico, con intervenciones de hasta 24 meses aprobadas por los tribunales de familia.
“El grooming se define como el proceso premeditado en el que un adulto establece relaciones en línea con menores para obtener satisfacción sexual mediante imágenes eróticas o pornográficas, o incluso preparando encuentros físicos. Esta práctica se ha convertido en una amenaza creciente en la vida digital de niños y adolescentes”, explica la Dra. Yeomans.
Al alero de la digitalización y el acceso a internet cada vez a edades más tempranas, esta forma de agresión se ha masificado: el 60% de los jóvenes europeos entre 12 y 14 años experimentó violencia sexual en línea. En Chile, la Policía de Investigaciones reportó en 2019 más de 4.000 investigaciones relacionadas con la explotación infantil en línea, aunque solo 1.077 casos fueron denunciados formalmente.
Riesgos significativamente altos
El estudio –que tuvo la colaboración de académicos de las universidades San Sebastián y Andrés Bello, y la Academia Digital de Psicología y Aprendizaje (ADIPA)– fue elaborado con una muestra compuesta por un grupo de adolescentes integrantes del Programa de Reparación por Maltrato (PRM) de la región del Biobío. Para el procesamiento y análisis de datos se utilizaron instrumentos que midieron el potencial riesgo de suicidio, los niveles de depresión, ansiedad y estrés, el bienestar subjetivo y la probabilidad de acoso sexual.
Los investigadores abordaron cuatro factores de riesgo: el uso excesivo del teléfono, las dificultades económicas en el contexto familiar, no tener amistades y experimentar problemas de salud mental. En el caso de aquellos adolescentes que no pueden dejar de utilizar sus dispositivos móviles, el riesgo aumenta 47 veces. Mientras, las dificultades económicas en sus familias multiplican por 41 la probabilidad base.
También se observaron riesgos “significativamente mayores” en sujetos con síntomas de depresión, ansiedad y pensamientos suicidas, ya que los agresores suelen aprovechar el estado de fragilidad emocional de sus víctimas y la carencia de relaciones interpersonales estrechas, lo que incentiva a los individuos a buscar vínculos afectivos en su entorno digital. Los resultados demostraron una correlación positiva entre el riesgo de acoso y síntomas graves de ansiedad, estrés e intentos de suicidio.
Impactos transversales
La evidencia muestra patrones comunes entre el abuso sexual y el grooming, como baja autoestima, ansiedad y dificultades sociales. Por eso, los “groomers” suelen ganarse la confianza de sus víctimas mostrando interés en su entorno familiar y social. Los investigadores advierten que estos agresores emplean estrategias de persuasión y manipulación, especialmente a través de redes sociales y videojuegos en línea. Ante este contexto, la mediación parental efectiva y el fortalecimiento de las habilidades interpersonales de los adolescentes son fundamentales.
“En muchos casos, utilizan tácticas de seducción y adoptan personalidades atractivas para los menores, imitando su lenguaje y estilo de comunicación. Las consecuencias psicológicas incluyen un mayor riesgo de trastornos del estado de ánimo, como la depresión. Además, el abuso sexual en línea puede llevar a comportamientos desadaptativos, como huir del hogar, hipersexualización y consumo de sustancias”, puntualiza la Dra. Yeomans.
“Los investigadores señalan que, pese a lo acotado de la muestra, la transversalidad de los factores de riesgo puede contribuir a generar consciencia en diversos contextos sociales. Su objetivo es sensibilizar a padres, educadores, medios y legisladores, además de aportar recursos para programas educativos y estrategias preventivas que involucren a escuelas y familias, promoviendo un uso seguro y crítico de la tecnología”, enfatizó la académica de UDLA.
“Aunque internet puede apoyar la educación y el bienestar de los adolescentes, también implica riesgos. El uso intensivo de redes sociales incrementa la exposición a extraños, incluidos groomers, sobre todo sin supervisión parental. Los adolescentes con problemas para socializar cara a cara o que enfrentan conflictos familiares o carencias, son más vulnerables, ya que los agresores suelen ofrecer apoyo emocional o financiero para ganar su confianza”.
En Chile, más del 50% del Producto Interno Bruto (PIB) proviene del sector servicios, pero la innovación social sigue siendo una deuda pendiente en este ámbito. Aunque las empresas del rubro enfrentan desafíos complejos, tales como salud mental, educación, seguridad o cohesión social, carecen de los vínculos necesarios con el aparato público para traducir esas urgencias en soluciones concretas.
Esa es la principal alerta que arroja una reciente investigación publicada en el Polish Journal of Management Studies, tras analizar más de 500 empresas del sector servicios en Chile.
El estudio “Relevancia de las fuentes de información para apoyar los resultados de la innovación social en el sector de servicios”, liderado por Rodolfo Lauterbach y Gustavo Barrera, académicos investigadores de la Facultad de Ingeniería y Negocios de la Universidad de Las Américas, revela que la única fuente de información que influye significativamente en la generación de innovación social proviene de institutos públicos de investigación. Ni clientes, ni proveedores, ni competidores logran incidir en estos resultados.
“El sector servicios tiene una importancia decisiva en la economía del país. Sin embargo, cuando hablamos de innovación, la conversación suele centrarse en tecnología, startups o Silicon Valley. ¿Y la innovación social? Esa que busca resolver problemas reales como la desigualdad, la salud o la educación, sigue siendo una deuda pendiente”, afirma Lauterbach.
Los investigadores señalan que, pese al capital humano disponible y a la infraestructura instalada, la desconexión entre el mundo privado y los centros públicos de conocimiento es el principal obstáculo para que el sector servicios desarrolle soluciones con impacto social. Además, el estudio desmitifica ideas comunes: ni el tamaño de la empresa ni la proporción de profesionales contratados tienen un efecto real sobre la capacidad de innovar socialmente.
Esto abre una oportunidad inédita para que incluso las Pymes puedan liderar el cambio, siempre que accedan a conocimiento estratégico de origen estatal, sugieren los especialistas.
Democratizar el acceso al conocimiento
Pese al impulso que en los últimos años ha tenido el concepto de innovación social en organismos internacionales y algunas agencias estatales, los hallazgos de la investigación muestran una dirección contraria en el mercado local: solo cuando las empresas acceden a conocimiento proveniente de institutos públicos de investigación se incrementa su probabilidad de generar innovaciones orientadas al bienestar colectivo.
En cambio, las fuentes más comúnmente asociadas al mundo corporativo, entre ellos proveedores, clientes, competidores o consultores, no presentan un efecto significativo.
De igual forma, las variables estructurales que suelen ser consideradas determinantes en innovación, como el tamaño de la firma o la proporción de trabajadores con formación profesional o posgrado, tampoco inciden en los resultados. “Esto significa que incluso las Pymes pueden ser protagonistas del cambio, si cuentan con el apoyo y la información adecuada”, puntualiza Lauterbach, quien refuerza la urgencia de democratizar el acceso al conocimiento técnico y científico generado en el sector público.
El estudio, que analizó datos de la Encuesta Nacional de Innovación (ENI) 2021–2022, aplicó un modelo econométrico de regresión a una muestra de 522 empresas chilenas que declararon algún tipo de actividad innovadora. Esta metodología permitió aislar el efecto de distintos factores (capital humano, inversión en I+D, tamaño, tipo de fuente de información) sobre una variable dependiente binaria: si la empresa realizó o no innovación social durante el periodo analizado.
El resultado fue claro: la única fuente con efecto positivo y significativo fue la información institucional generada por organismos públicos de investigación.
Repensar políticas de innovación
Ante esta evidencia, los autores plantean dos recomendaciones concretas para avanzar hacia una política de innovación social con impacto real. Primero, implementar programas de transferencia de conocimiento desde universidades e institutos públicos hacia empresas del sector servicios, con foco en problemas sociales prioritarios como salud, educación, seguridad y sostenibilidad. Y segundo, incorporar métricas que visibilicen el impacto social de las innovaciones, más allá de su rentabilidad económica.
“La innovación social no es caridad: es desarrollo sostenible con rostro humano”, enfatiza Lauterbach. En esa línea, destaca que muchos países la han incorporado como un eje transversal de sus políticas públicas, especialmente en sectores como salud, atención a personas mayores, movilidad urbana o inclusión digital. En Chile, no obstante, el enfoque dominante sigue siendo tecnológico y orientado al crecimiento económico, dejando fuera iniciativas que buscan generar valor social.
Para los académicos de UDLA, esta desconexión entre el conocimiento estatal y las necesidades del sector servicios no solo limita la capacidad del país de responder a desafíos sociales urgentes, sino que también representa una oportunidad perdida de fortalecer la cohesión social y avanzar en bienestar territorial.
El estudio concluye que, si se quiere transformar el potencial de innovación social en resultados concretos, es imprescindible repensar las políticas de innovación desde una perspectiva más inclusiva, colaborativa y orientada al bien común.
Un estudio llevado a cabo en universidades chilenas reveló que los docentes responsables de la formación de futuros profesores de ciencias percibieron la presencia de estereotipos y sesgos de género en los materiales educativos propuestos para su análisis y reflexión.
La investigación “Jerarquías de género en la educación científica: concepciones y prácticas del profesorado formador de formadores”, en la que participó Evelyn Hugo, académica de la Facultad de Educación de Universidad de Las Américas, fue publicado por la revista científica Psicoperspectivas.
La investigación advierte que estas situaciones, aunque detectadas por facultativos con sensibilidad hacia la equidad, evidencian tensiones entre el contenido disciplinar y la perspectiva de género, y refuerzan la necesidad de políticas institucionales para garantizar una enseñanza científica libre de sesgos en la educación superior.
Evelyn Hugo, señala que “la formación inicial de profesores de ciencias tiene el desafío de convertirse en un espacio que no solo transmita conocimiento disciplinar, sino que también promueva una cultura científica plural, equitativa y sensible a la diversidad”.
“La equidad de género es clave para el desarrollo social y, por ende, debe promoverse de manera transversal y explícita en la educación”, señalaron las integrantes del equipo investigador, compuesto, además de Hugo, por las académicas Pamela Palomera, de la PUC y la UMCE; y Alejandra Meneses, de la PUC.
El reporte advierte que, aunque la equidad de género es considerada clave para el desarrollo y la movilidad social, su incorporación en la educación chilena sigue siendo parcial y voluntaria. En el ámbito universitario, esto significa que la presencia de esta perspectiva en la formación inicial de docentes depende, en gran medida, de la voluntad personal y el compromiso de quienes enseñan durante la formación inicial en ciencias.
“Las universidades y programas de formación del profesorado deben impulsar nuevas concepciones y prácticas formativas relacionadas con la equidad de género (…) Este espacio formativo es crucial para fomentar en el largo plazo una educación inclusiva y libre de sesgos mediante la incorporación de la perspectiva de género”, plantea la investigación, donde se refuerza que incorporar la perspectiva de género en de ciencias, implica la instalación de una nueva mirada por parte de las instituciones.
Dilema pedagógico
“El estudio empleó un diseño cualitativo de casos en profundidad y realizó entrevistas que incluyeron, como ejercicio principal, la resolución de un dilema pedagógico. Este consistía en elegir entre dos materiales para enseñar la interacción de cargas eléctricas y reflexionar sobre la presencia de estereotipos de género en ellos. Posteriormente, las entrevistas fueron examinadas mediante un análisis dialógico del discurso, lo que permitió identificar cómo el profesorado construye y expresa sus concepciones y prácticas. Se trata de uno de los primeros trabajos de este tipo realizados en el país, cuyo objetivo fue analizar las concepciones y prácticas de quienes forman a los futuros docentes de ciencias. Este rol es fundamental para reducir sesgos y promover una enseñanza más inclusiva y equitativa”, explica Evelyn Hugo, académica de la Facultad de Educación de Universidad de Las Américas.
El objeto de análisis fueron cuatro profesores universitarios, reconocidos por su sensibilidad en temas de género, con quienes se llevaron a cabo entrevistas para evaluar la resolución del dilema. Los resultados mostraron que, aunque los docentes reconocen la importancia de la equidad, enfrentan tensiones entre su formación científica tradicional y la necesidad de revisar y modificar recursos educativos que perpetúan roles y estereotipos sexistas o heteronormativos.
Algunos de los profesores inicialmente no percibieron los sesgos o basaron su elección en criterios puramente científicos o estéticos, explicaron las académicas. Sin embargo, cuando se les invita a reflexionar, reconocen la urgencia de modificar sus prácticas y materiales, demostrando que el diálogo y la reflexión crítica son herramientas poderosas para sensibilizar y generar cambios profundos en la formación.
“Desarrollo de una cultura científica”
Los hallazgos sugieren que la formación inicial del profesorado en ciencias debe incorporar activamente la perspectiva de género, no solo como un complemento, sino como un componente esencial para fomentar ambientes educativos libres de prejuicios. La sensibilización y capacitación continua de formadores son fundamentales para que puedan desarrollar prácticas coherentes con políticas de equidad y diversidad.
Las investigadoras destacan que, aunque el estudio se basa en un número reducido de casos, aporta una base sólida para repensar las políticas educativas y fortalecer los espacios universitarios como agentes de cambio para una educación científica que visibilice y desafíe las jerarquías de género históricas, construyendo así una sociedad más justa. “El profesorado se encuentra en un proceso de reflexión y concientización sobre la relevancia del género en la educación científica”, sugieren.
Este enfoque contribuirá, en su análisis, tanto a la formación de mejores docentes como al desarrollo de una cultura científica plural y sensible que valore la diversidad y promueva el respeto en las aulas y en la sociedad, expusieron las autoras. “Es esencial fortalecer los espacios educativos como agentes de cambio, integrando la perspectiva de género de forma activa y crítica en la Formación Inicial Docente de ciencias. Solo así la institucionalidad universitaria podrá avanzar hacia una mayor equidad e inclusión”.
Una investigación realizada por el académico de la Facultad de Educación de Universidad de Las América, Dr. Antonio Castillo, reveló las brechas estructurales que persisten en el sistema educacional chileno y que generan barreras para el aprendizaje y participación de estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE) en las clases de Educación Física.
Publicado por la revista Retos, el estudio evidencia, entre otras falencias, la desconexión entre un marco normativo que promueve la inclusión y su implementación real en establecimientos educacionales. Esto debido a factores múltiples como la falta de formación específica en las carreras del área, la ausencia de lineamientos curriculares y la carencia de profesores de Educación Física especializados en escuelas especiales.
«A pesar de la existencia de legislación y directrices para apoyar a los docentes, las oportunidades para acceder a este tipo de educación siguen estando sujetas a factores socioeconómicos, cognitivos o de otro tipo. Esto genera una carencia en el proceso educativo y constituyen un desafío para la política nacional”, señaló el Dr. Antonio Castillo, académico investigador de UDLA.
Algunos de los avances regulatorios considerados y examinados fueron la Ley 20.845 de Inclusión Escolar que prohíbe la discriminación en la admisión; la normativa 20.422, que garantiza la igualdad de oportunidades para personas con discapacidad; y el decreto 83, normativa vigente que exige que se realice la diversificación de la enseñanza para todos los estudiantes.
La investigación que fue realizada en conjunto con académicos de Universidad de Las Américas y Andrés Bello, subraya que la asignatura tiene un enorme potencial para el desarrollo integral de estos alumnos, pero que, en las actuales condiciones, no se aprovecha su potencial como un motor para la inclusión. De esta manera, pese a que Chile dispone de un marco normativo robusto, “la Educación Física aún no se consolida como un espacio realmente inclusivo, dependiendo más de las voluntades individuales que de una formación estructurada y coherente con las exigencias del sistema educativo actual”.
«Se necesita una política formativa clara”
Entre los factores expuestos por la investigación –cuyo objetivo es promover la incorporación de herramientas didácticas y metodológicas que fomenten la inclusión– se encuentra el déficit de formación en las carreras de pedagogía en Educación Física. En su análisis, estas presentan una escasa o superficial preparación teórica, metodológica y didáctica en temas vinculados a la inclusión y el trabajo con estudiantes con NEE, afectando la capacidad para atender la diversidad en el aula o ajustar sus clases a diferentes tipos de capacidades.
Sumado a esto, el estudio apunta a otras dos brechas estructurales: el currículo nacional tampoco explícita la integración de actividades inclusivas y adaptadas; y que muchas escuelas especiales del país no cuentan con profesionales del área de la Educación Física, lo que impide el desarrollo físico, funcional y social de los alumnos y alumnas que allí asisten, junto con limitar además su derecho a una formación integral.
“En la modalidad de educación de escuelas especiales, la normativa vigente no establece la obligatoriedad de contar con profesores de Educación Física especializados, quedando sujeta al criterio del sostenedor la atención de estudiantes con NEE. En la práctica, esto se traduce en la ausencia de planificación específica y la carencia de evaluaciones adaptadas en este contexto educativo especializado», enfatizó Castillo.
En este contexto, el estudio hace un llamado a la reflexión y transformación de la práctica docente, impulsando la diversificación de la enseñanza y el fortalecimiento de competencias inclusivas. Entre sus propuestas destaca la importancia del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), un enfoque pedagógico que propone diseñar el currículum pensando en la diversidad de los estudiantes y asumiendo que todos y todas aprenden de manera distinta.
Según el académico de UDLA, mejorar la calidad de vida de los alumnos con NEE requiere una propuesta didáctica y metodológica coherente con sus necesidades, centrada en la participación y el respeto por la diversidad. “Es fundamental que los docentes en ejercicio y los que se preparan para ser profesores de Educación Física, estén en sintonía con esta formación inclusiva. La premisa principal es la atención a la diversidad a través de la inclusión de todos los estudiantes”.
La radiación ultravioleta (RUV, 200-400 nm) representa un factor ambiental de riesgo que impacta negativamente en la salud humana y los ecosistemas, debido a su alto contenido energético. Sin embargo, también puede aprovecharse como fuente de energía en el tratamiento solar del agua.
En Chile, la exposición a la RUV varía considerablemente a lo largo del territorio, influenciada por su gran extensión latitudinal, diversidad topográfica y cercanía al agujero en la capa de ozono sobre la Antártida, un problema de alcance global. Estas condiciones generan diferencias significativas en los niveles de RUV que alcanzan la superficie, desde el desierto de Atacama hasta la región subantártica.
Estudios recientes, realizados por la académica e investigadora de Universidad de Las Américas (UDLA), Sede Concepción, Dra. Lisdelys González, han permitido el desarrollo de modelos matemáticos capaces de estimar los niveles de RUV en zonas donde no existen medidas en superficie.
González, destacó que estas estimaciones tienen múltiples aplicaciones, entre ellas el tratamiento solar del agua, lo que representa un avance significativo en diversas áreas científicas y tecnológicas. Esto fue demostrado en un estudio que realizó en 2024 en el cual empleó un modelo de transferencia radiativa para simular los valores de RUV en tres regiones de interés: Antofagasta, Santiago y Concepción.
“Estos datos se utilizaron como inputs en un modelo cinético, permitiendo determinar dos parámetros tecnológicos claves: el tiempo de tratamiento y el tamaño del fotoreactor, lo cual es necesario para el uso eficiente de energía solar en la purificación del agua en distintas regiones del país”, detalló.
La investigadora de UDLA, resaltó que afortunadamente las regiones con escasez hídrica en Chile coinciden con aquellas que poseen el mayor potencial solar, lo que abre oportunidades para el desarrollo de soluciones basadas en este tipo de energía. El aprovechamiento de esta fuente renovable permite reducir costos y disminuir el consumo energético asociado.
“En este contexto, la realización de estudios que analicen la disponibilidad de este recurso para aplicaciones solares resulta fundamental. Además de contribuir a una mejor comprensión de la climatología solar y su impacto en la fotoquímica y fotobiología”, declaró González.
Asimismo, destacó que, desde una perspectiva de impacto en la salud, estos niveles permiten la generación de mapas mensuales, estacionales y anuales de exposición. También, facilitan la realización de evaluaciones anuales sobre las dosis acumuladas de radiación solar eritemática (UVER) y sus efectos eritematosos en distintos fototipos de piel, permitiendo la identificación de hot spots o zonas de alta exposición. Esta información es clave para el diseño de programas educativos y campañas locales de concienciación sobre los riesgos asociados a la RUV, contribuyendo así a la reducción de la incidencia y mortalidad por melanoma, además de otros efectos perjudiciales para la salud relacionados con la exposición a la radiación ultravioleta.
En esta línea, la profesional explicó que se requiere un enfoque clave que demanda la colaboración entre gobiernos, instituciones de salud, comunidades y la industria privada. “Al integrar la educación, la política, la tecnología y la investigación, es posible desarrollar estrategias efectivas que reduzcan la incidencia de esta patología y protejan la salud pública”, precisó.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que uno de cada siete niños, niñas y adolescentes, de entre 10 y 19 años, padece de algún trastorno mental, una situación que tiene enormes repercusiones en su edad actual y futura: el suicidio es la tercera causa de muerte en este segmento y, de no tratarse, las consecuencias en la adultez perjudican su bienestar físico y mental, así como limitar sus posibilidades de una vida plena.
Los investigadores María Mercedes Yeomans, de la Facultad de Salud y Ciencias Sociales de Universidad de Las Américas, y Jonathan Martínez, de la Universidad Andrés Bello, publicaron en la revista científica internacional Frontiers in Education, un hallazgo que reveló el panorama en salud mental de las y los escolares en nuestro país. La realidad, al menos en Chile, es bastante más dramática que el escenario descrito globalmente por la OMS.
Sus resultados mostraron que un 60,2% de los entrevistados (de una muestra de 1.174 individuos) presentó síntomas de depresión, un 63,3% de ansiedad y el 50,2% de estrés. Algunas de las causas que incidieron en una mayor prevalencia de estas manifestaciones fueron el género (las mujeres son más susceptibles a desarrollar cuadros más agudos), el acceso a dispositivos móviles, la existencia de problemas para dormir y bajos niveles de autoestima.
Entre los factores protectores, un hallazgo que sorprendió a los investigadores fue la relación entre las creencias religiosas y el bienestar de los individuos. Eventualmente, la adherencia a un credo podría entregar a los niños, niñas y adolescentes un entorno social seguro y un sentido de propósito mayor al de sus pares que no profesan ninguna religión: ateos o agnósticos (cuyo número ha aumentado significativamente en los últimos 30 años).
“Son resultados sorprendentes –señala Yeomans–, teníamos un mal pronóstico de acuerdo con lo que se aprecia en escenarios reales, pero esto es mucho más fuerte de lo que estimamos. Estamos hablando de que más de la mitad de los niños está con depresión, la mitad con estrés y más del 60% con ansiedad, lo que significa que hay más adolescentes con problemas de salud mental que aquellos que están totalmente sanos”, dijo Yeomans.
Depresión en enseñanza media
Se trata de una línea de investigación que ambos académicos han explorado desde la pandemia en distintos niveles educacionales: desde universitarios a escolares. En total, este estudio recopiló respuestas de 1.500 alumnos, pero, de ellos, solo 1.174 entregaron, a través de su firma, el asentimiento para participar de los análisis. La edad de los sujetos de la muestra fluctuó entre los 10 y los 18 años (alrededor de quinto básico hasta cuarto medio).
Los responsables del estudio subrayan que hay factores críticos que son transversales a las condiciones evaluadas. Uno de ellos es el ser mujer: la probabilidad de sufrir algunos de los tres trastornos es mayor respecto de los hombres. Lo mismo ocurre con tener un celular: según datos del Ministerio de Educación, un 89% de los alumnos del país cuenta con un dispositivo con conexión a internet y la edad promedio a la que lo obtienen es de 8,9 años.
Los sujetos con pensamientos intrusivos (ideas o imágenes que aparecen de forma involuntaria), problemas para dormir y baja autoestima también evidenciaron peores indicadores. En otras palabras, si una estudiante mujer tiene baja autoestima y pensamientos repetitivos, y además utiliza un celular, es altamente probable que tenga depresión, ansiedad o estrés. También podrían verse más expuestos los adolescentes con padres separados.
“La depresión se está dando de forma más frecuente en la enseñanza media, es decir, sobre los 14 años. Para la ansiedad, la edad promedio es a los 12 años, es decir, séptimo básico. En este último caso encontramos un hallazgo sorprendente: los niños que se declararon ateos son más propensos a sufrir ansiedad. Respecto del estrés, se suman elementos como el uso extensivo de redes sociales. Con esto, podemos sacar un perfil de aquellos estudiantes a los que debemos poner más atención”, señaló la académica de la UDLA.
La religión como un factor protector
Los investigadores consideran que los insumos de este trabajo permiten delinear aspectos de políticas públicas en educación (como, por ejemplo, sopesar la decisión de disminuir el máximo de alumnos por curso), pero también establecer reflexiones a nivel de las propias familias. Es crucial dedicar esfuerzos a lograr descansos nocturnos más reparadores y hacerse cargo de que el uso masivo de pantallas tiene impactos.
La responsabilidad es completamente de los padres, afirma Mercedes Yeomans, tomando en cuenta que son los adultos quienes tenemos el poder adquisitivo y tomamos las decisiones, por ejemplo, de comprar un celular y entregárselo a un menor.
De acuerdo con uno de los indicadores más particulares del estudio -la religión como un factor protector–, la investigadora de Universidad de Las Américas señala que esta práctica puede influir debido a que abre espacios de socialización con el entorno: las familias asisten a reuniones, se relacionan con otras personas o se reflexiona en actividades grupales
“Nos encontramos con que las personas que tienen creencias en un ser superior normalmente también encuentran un propósito a los problemas. Nos encontramos con comentarios asociados a la fe y a la creencia de un propósito mayor en los desafíos, y que existe un dios que protege. Y que con el paso del tiempo voy a ver con claridad la situación que estoy viviendo, y siempre tendré a alguien a quién acudir. Esto, probablemente, ayuda al escolar a sentir una mayor protección, entre otras posibles explicaciones”, sugiere Yeomans.
Un estudio realizado por investigadores de Universidad de Las Américas de Chile (UDLA) y Ecuador, UNAB, Autónoma y Universidad de Castilla-La Mancha de España, publicado por la revista científica Scientific Reports, reveló que el uso de pantallas se relaciona con una mayor ingesta de alimentos ultraprocesados en adolescentes y, a la vez, disminuye la adherencia a la dieta mediterránea que es considerada como uno de los modelos más equilibrados y sostenibles.
El académico de la Escuela de Pedagogía en Educación Física de UDLA, Jorge Olivares, quien fue parte de la investigación, explica que el reporte enfatiza la relevancia del entorno en el que se realizan las comidas y la necesidad de fomentar hábitos conscientes para mejorar la calidad de la dieta en esta población. La asociación podría también ser consecuencia de la exposición a publicidad que promueve el consumo de este tipo de productos.
“El uso de pantallas es un factor que incide negativamente en la alimentación. Es fácil notar cómo, al comer con un teléfono en la mano, muchas veces ni siquiera registramos qué hemos consumido. Esto también se relaciona con el entorno familiar: una buena comunicación en la mesa y la promoción de hábitos saludables son claves para reducir el consumo de ultraprocesados”, señala Olivares.
Titulado “Distracciones al comer como predictores del consumo de alimentos ultraprocesados y la adherencia a la dieta mediterránea en adolescentes”, el reporte indagó en cómo estos elementos y situaciones influyen en la ingesta de este tipo de productos, que según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) tienen una incidencia negativa y creciente en la salud pública global.
Olivares señala que “se puede dar un mensaje claro sobre la necesidad de reducir el consumo de ultraprocesados, aumentar la ingesta de proteínas o fomentar el uso de aceite de oliva, pero si no se modifican los recursos y medios disponibles para lograrlo, es difícil que esas recomendaciones se materialicen. Cada niño y familia vive una realidad distinta y cualquier recomendación debe considerar esas diferencias”, afirmó el académico
Nutrientes de alto valor
El estudio transversal con una muestra de 826 adolescentes de entre 12 y 17 años, consideró tres tipos de distractores al comer: el uso de dispositivos móviles (se habla por teléfono, se envían mensajes o correos electrónicos, o se utilizan redes sociales), ver televisión o estar de pie. Los especialistas utilizaron modelos estadísticos para identificar asociaciones y variables rótales como sexo, edad, nivel socioeconómico, índice de masa corporal, actividad física, comportamiento sedentario y duración del sueño.
Olivares destaca que, gracias a la presencia de grasas saludables y otros nutrientes de alto valor biológico, la dieta mediterránea mejora la salud cardiovascular, reduce el colesterol y la presión arterial, ayuda al control del peso, regula la glucosa, posee propiedades antiinflamatorias, favorece la salud cerebral y mejora la microbiota intestinal.
“La dieta mediterránea ha demostrado múltiples beneficios para la salud, ya que promueve el consumo de alimentos ricos en antioxidantes, grasas saludables y nutrientes esenciales. Se basa en un alto consumo de frutas, verduras, legumbres, frutos secos, pescado y aceite de oliva, favoreciendo la salud cardiovascular y cognitiva. Su impacto positivo está respaldado por numerosos estudios científicos, lo que la convierte en un modelo de alimentación equilibrada y recomendado en distintos contextos”, destaca el investigador de UDLA.
Los más obesos de Sudamérica
Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), los alimentos ultraprocesados son formulaciones industriales elaboradas a partir de sustancias derivadas de alimentos y aditivos, diseñados para imitar las características sensoriales de los alimentos naturales. Suelen tener un alto contenido de azúcares libres, grasas totales y saturadas, sodio, y carecen de proteínas, fibra dietética, minerales y vitaminas esenciales.
El investigador de UDLA Chile advierte que este tipo de productos son más accesibles y baratos, y muchas familias, debido a cuestiones económicas, optan por ellos. En un contexto donde además los niños y niñas pasan siete u ocho horas diarias frente a pantallas (contrario a las recomendaciones que limitan este tiempo a solo dos horas), la exposición a publicidad es un factor que promueve su ingesta.
El Dr. Olivares plantea que, si bien Chile tiene una gran disponibilidad de frutas y verduras frescas a lo largo de todo el año, para lograr mejoras significativas en la salud de la población, es necesario un enfoque integral que incluya educación, regulación y acceso a opciones saludables. “En Chile sale mucho más barato comerse un completo y una papa frita que una ensalada con atún, y eso es un problema estructural”, puntualizó el especialista.
La Federación Mundial de la Obesidad alertó recientemente que el 42% de los chilenos mayores de 20 años son obesos. No solo es el país con los peores indicadores en Sudamérica: se estima que, en cinco años, 14 millones de chilenos y chilenas adultos vivirán con la condición. Factores como la alta disponibilidad de alimentos ultraprocesados y el elevado consumo de bebidas azucaradas contribuyen a que el 83% de los adultos en Chile presentan sobrepeso.